Los
años recientes en Venezuela, colocaron de forma más
que evidente, diríamos que estridente, la presencia
de los medios de comunicación como parte del conflicto
político nacional. Han sido parte tan consustancial
de dicha crisis que a la hora en que mediadores internacionales
convocaron una mesa de negociación y diálogo,
fueron llamados a ésta los representantes de las
principales empresas privadas y estatales del mundo comunicacional.
No será motivo de este texto analizar algunas características
de lo vivido en años recientes que bien podrían
ser motivo de otras reflexiones.
Están aún por reflexionar a fondo, en la simbiosis
conflicto-comunicación, temas tales como la proliferación
de hechos de violencia contra periodistas y medios de co-municación,
la generación de nuevas entidades de comunicación
desde el Estado sin que se haya definido una política
pública en el sector, o la preeminencia que tiene
la imagen televisiva en la acción y gestión
presidencial de nuestros días.
Partimos de una constatación más que evidente.
La presencia de los medios en la escena política
venezolana ha tenido un nivel protagónico, especialmente
si miramos el período en el que se intensificó
la ac-ción opositora, a partir de diciembre de 2001,
y hasta agosto de 2004, cuando el referéndum revocatorio
presidencial pone punto final, a nuestro modo de ver, al
asunto de la legitimidad de que Hugo Chávez ejerza
la presidencia. Son puntos significativos de este período
la parcialización mediática con las banderas
de la oposición, y tenemos hechos que pasarán
a la historia de forma lamentable como el silencio informativo
de abril de 2002 y la saturación "informativa"
de los días del paro.
Nuestra idea es reflejar que tal posicionamiento político
(y que tiene su contracara en la también parcialización
del canal del Estado), no es nuevo ni necesariamente exclusivo
de Venezuela, asunto que desarrollaremos en la parte final
del texto. Los medios están en la escena política
de nuestros días, son un actor más, con responsabilidades
específicas por su naturaleza, pero es impensable
que en un contexto de polarización, en el cual también
las entidades públicas se han alineado con una causa
partidista, ofrezcan una mirada aséptica sobre lo
que pasa en el país del cual son parte.
Hace un poco más de una década, en el completo
trabajo que recoge la historia contemporánea de nuestros
medios impresos, Eleazar Díaz Rangel (1994) constató
que la prensa había sido colocada en el centro de
la arena pública. Los dueños de medios que
entrevistó Díaz Rangel, hace más de
10 años, eran ya conscientes de que estaban siendo
empujados a otras dimensiones, esencialmente políticas,
en su quehacer. Esto se veía alimentado con el debilitamiento
institucional y la desazón ciudadana con los partidos
tradicionales, que ya se habían hecho palpables con
el Caracazo de 1989 y los dos golpes de Estado frustrados
de 1992.
¿VIEJA
O NUEVA POLARIZACIÓN?
No pocas veces, en los últimos tiempos, muchos venezolanos
se han interrogado sobre el por qué de tanta polarización
en el seno de nuestra sociedad. No tiene por finalidad este
texto abundar en dicho tema, pero sí nos resulta
paradigmático revisar otros momentos de conflictividad
en el país y ver qué papel habían tenido
los medios. De nuevo apelamos a Díaz Rangel (1998),
que ha sido un acucioso observador del siglo XX venezolano:
"... Casi todos los periódicos estuvieron divididos
entre gobierno y oposición. Apenas hubo espacio para
el término medio. No podían, por esas razones,
informar con equilibrio sobre lo que ocurría en el
país; no podían ser un espejo de la realidad.
En verdad, la imagen que reflejaban era una imagen empañada,
distorsionada, bastante incompleta".
No está hablando el autor de los medios en el año
2002, su mirada es al período que va desde 1936 a
1948, un momento crucial de la vida democrática nacional.
En aquel contexto la polarización mediática
era más que evidente, y le cito a Díaz Rangel:
"Sólo a título de ejemplo, quiero recordar
que en una ocasión investigaba sobre las primeras
y últimas elecciones uninominales habidas en Venezuela,
en 1937 y en 1944, respecti-vamente, y para conocer las
listas de candidatos era obligante consultar en cada ocasión
dos diarios distintos. El País, por ejemplo, no informó
de las planchas ni de la campaña del PDV y ni Unión
Popular (PCV) ni El Nacional decían nada de la campaña
de AD. Algo parecido se repitió durante las elecciones
de 1946 a la Asamblea Constituyente, y en las del 48 en
que se elegían Presidente y diputados al Congreso"
(1998: 110). No se busca aquí justificar acciones
recientes porque en el pasado acontecieran experiencias
similares, pero es necesario no perder de vista hechos que
merecen una lectura y se conectan con los que vamos viviendo.
Durante los días del paro, hace poco más de
tres años, tomamos al azar algunos días de
programación de Globovisión y de Venezolana
de Televisión. Cada canal presentaba una imagen del
país, en una pantalla el paro era un éxito
rotundo y para eso nos mostraba calles del este capitalino,
en la otra pantalla esta paralización era un fracaso
estrepitoso y también apelaba a imágenes,
éstas de actividades en el oeste ca-raqueño
o algunas zonas fuera de Caracas. La polarización
se instaló de forma evidente también en el
mundo massmediático venezolano. Polarización
no exclusiva de los días que corren, sino expresión
misma del modelo político con raíces históricas.
AGENDA MEDIÁTICA, AGENDA POLÍTICA
Diversidad de autores coinciden en reconocer el rol político
que juegan los medios de comunicación, y especialmente
en contextos corno de los países latinoamericanos
que parecen ser de una recurrente crisis política.
La debilidad que tienen los partidos, sindicatos y otras
instancias del tejido social abre la puerta para que éstos
actores entiendan que su posibilidad de intervención
en la vida pública está íntimamente
atada a su relación con el universo mediático.
Ciertos asuntos de interés público pueden
ser catalizadores para la constitución de alianzas
tácticas entre políticos y activistas sociales,
por un lado, y medios de comunicación y
periodistas por el otro. Esto ocurre cotidianamente en diversos
contextos, sin que sea motivo de escándalo, pues
justamente en esta dimensión se entiende el rol político
de los medios: determinar quién puede hablar sobre
cuál terna.
Esta tendencia se ve acrecentada en la medida en que la
dirigencia política tiene menos de mitin en la plaza,
o en la calle, y mucho más de aparición en
espacios mediáticos. La pantalla de televisión,
especialmente, pasa a ser la nueva plaza pública
desde donde se define la agenda política del país.
En el caso venezolano, por ejemplo, son aproximadamente
unas ochenta personas las que con mayor frecuencia se rotan
corno entrevistados entre los diferentes espacios matutinos
de opinión de los canales de televisión. Estos
llamados líderes de opinión, por su número
en sí reducido, no pueden representar la diversidad
y pluralidad de puntos de vista que existen en el país.
Sin embargo, un asunto es la representatividad, tema de
necesario debate en la configuración de la agenda
mediática, y otro tema que va aparejado a lo anterior
tiene que ver con la consolidación de un nuevo modelo
en el que se entrecruzan poder de los medios, actuación
dependiente de los políticos hacia el universo massmediático,
y demandas ciudadanas que encuentran en el universo simbólico
un resarcimiento momentáneo.
Para Marcelino Bisbal, estamos ante un cambio sustancial
no sólo en nuestra relación con lo político,
mediado por la pantalla, sino en nuestra propia manera de
convivir socialmente: "Esa intromisión de la
cultura massmediática en la política y en
las distintas esferas de la vida pública y privada,
más bien nos está hablando de otra cosa: no
es la disolución de la política y la democracia,
ni siquiera de la vida como se pudiera pensar entonces,
sino más bien de una reconversión de la política
y en definitiva de las esferas de lo público. En
estos tiempos los medios se convierten en el espacio público
privilegiado por la gente; los medios están alterando
la vida y hasta las propias formas que hoy día adquiere
la socialidad." (2005: 50)
La relación entre medios y política es de
larga data, sin embargo en las últimas dos décadas
es que se ha vivido un cambio sustantivo. "El paradigma
político latinoamericano era tan poderoso que condicionaba
a los medios de comunicación imponiéndole
sus ritmos y muchas de sus reglas de juego, en una centralidad
política de la comunicación. Sin embargo,
a finales de los años ochenta y durante los noventa,
se observa que la relación se ha invertido y son
los medios de comunicación quienes imponen sus ritmos
y sus reglas de juego a la actividad política. El
exponencial crecimiento del poder de los medios en nuestros
países ha convertido al paradigma mediático
en el paradigma dominante. La actual es la América
Latina de la centralidad comunicacional de la política".
(Corredor, 2005: 59).
POLÍTICA, DEMOCRACIA Y MEDIOS
Tradicionalmente se habla de los medios en términos
de cuarto poder. Ha sido esa aseveración motivo de
innumerables debates sobre el poder real de los medios.
El completo informe del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), La democracia en América Latina,
colocó el asunto nuevamente en la palestra. Tras
entrevistar a 231 de los llamados líderes de opinión
y hacer encuestas a más de 18.000 ciudadanos de pie
en 18 países de la región, una de las conclusiones
del estudio ha sido colocar a los medios, junto a empresarios
privados, multilaterales como el FMI, sindicatos e Iglesia,
en la categoría de poderes
fácticos. Vale decir que existe una percepción
-en estos tiempos- de que la Iglesia y los sindicatos han
venido perdiendo influencia en las últimas décadas,
y en un sentido inverso, los empresarios privados, el sector
financiero y los medios de comunicación, han pasado
a copar espacios de decisión y atribuciones en las
determinaciones que emanan de los poderes tradicionales.
La primera lectura arroja ya una conclusión novedosa,
el informe crea la categoría de poderes fácticos,
reales, para referirse a estos actores. Una mirada al asunto
debe partir también de analizar la otra acera, es
decir, la de la constitución de los medios en un
poder decisivo en las sociedades latinoamericanas, pues
no se produjo, exclusivamente, por factores propios de los
medios. Las aproximaciones recientes al fenómeno
de la mediatización, tales como las producidas por
Jesús Martín Barbero, van en la dirección
de que el papel mediático sin duda es importante,
pero no único en la conformación de opiniones
y valores. Sin embargo, tal poder se acrecienta, en tierras
latinoamericanas, pues se evidencia por un lado un descrédito
importante de los otros poderes, a la par de una fragilidad
institucional, y así los medios pasan a copar espacios
en respuesta también a demandas ciudadanas insatisfechas.
Todo lo anterior se combina con la elaboración de
una agenda propia, por parte de los medios, para intervenir
en una situación que parece ser, recurrentemente,
de crisis política.
Como indicamos al inicio, los años 90, en el contexto
venezolano, reflejan claramente la consolidación
de estos elementos. Los estudios de opinión de aquellos
años revelan la desconfianza que inspiraban partidos
políticos y poderes públicos, a la par que
se consolidaba una imagen de credibilidad a favor de los
medios. De acuerdo con los testimonios que recogiera Eleazar
Díaz Rangel en la década pasada, entre algunos
propietarios de medios impresos existía entonces
la percepción de que estaban siendo colocados en
un rol que no les era propio, por esa ruptura político-institucional
que vivía el país, pero al mismo tiempo se
entendían como canal confiable para las demandas
ciudadanas insatisfechas. Del mismo modo, dirigentes políticos
han confirmado que la reforma constitucional de 1992 se
paralizó por las presiones de los medios, pues el
proyecto incluía el derecho a rectificación
y réplica, con lo cual se reflejaba la conformación
de una agenda común por parte del sector mediático
para incidir de forma directa en las decisiones de un poder
público, en este caso en el legislativo, y actuando
claramente en contra de un mecanismo que favorecía
a la ciudadanía.
Entre los consultados en el informe del PNUD se destaca
la cuestión de la definición de la agenda
política, en la conformación del debate público.
En este aspecto es indudable que los medios juegan rol protagónico.
Durante el paro llevado a cabo por la oposición venezolana
entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Venezuela, quedaron
en evidencia algunos aspectos centrales de esta percepción
que lleva a colocar a los medios en esa categoría
de poderes fácticos. En conversaciones que hemos
sostenido con tres dirigentes opositores -uno de ellos formó
parte del comando táctico que estuvo al frente del
paro-, estos confirmaron que esta acción se iba a
levantar después de 48 horas y exclusivamente se
usaría como presión momentánea para
luego continuar con las negociaciones que estaban en marcha
con el gobierno, bajo la mediación de la Organización
de Estados Americanos y el Centro Carter. El punto de vista
de los empresarios mediáticos echó al traste
con la primera estrategia y lanzó a la oposición
en la senda del paro "por tiempo indefinido",
con los costos políticos y económicos que
todos conocemos hoy. Otros dos líderes de partidos
políticos, cuyas opi-niones no eran de apoyo unánime
a esta acción, fueron silenciados por los medios.
Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo
lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente
hecho: en no pocas ocasiones la Coordinadora Democrática
—que aglutinó a partidos políticos y
organizaciones de la sociedad civil opositores- conoció
el contenido de mensajes publicitarios una vez que estos
estaban al aire, sin que participaran en su concepción.
El poder mediático pasó a ser —literalmente—
el espacio desde donde se constituía la estrategia
política, y eso representa un cambio sustancial en
las de por sí complejas relaciones entre poder político
y medios de comunicación.
UN CONTROL SIN CONTROL
La vigilancia que han cumplido los medios en relación
con otros poderes, por ejemplo con las denuncias de corrupción
en el mundo político o judicial, es bien recibida
por los ciudadanos. Los poderes tradicionales constituyen
cotos cerrados en los cuales malentendidas solidaridades
automáticas, en muchos casos, han veni-do limitando
la posibilidad del público de conocer cómo
se utilizan los recursos del Estado y los malos manejos
que de éstos se hacen. De forma tradicional se le
ha otorgado al sector mediático un rol fiscalizador
sobre los poderes tradicionales, sin embargo en la medida
que se ha hecho más patente esa condición
de poder fáctico, surgen interrogantes sobre la condición
de "un control sin control" que parecen tener
los medios en nuestras sociedades, tal como lo refleja el
informe La democracia en América Latina.
Repensando la democracia latinoamericana, a partir de algunas
de las acertadas conclusiones de este documento, un asunto
crucial tiene que ver justamente con imaginar de qué
forma los ciudadanos pueden participar para revertir tal
situación. En México, Perú y Brasil,
aun de forma incipiente, van teniendo lugar ex-periencias
de vigilancia o veeduría social de los medios, entendiendo
que en un sistema democrático existen diversas maneras
de hacerla sin que ello signifique una intervención
estatal.
En el contexto venezolano se cumplió un año
de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social
de la Radio y la Televisión. Tal instrumento fue
concebido, al menos así se desprende de las declaraciones
oficiales que le precedieron, como un mecanismo para castigar
a unos medios privados que se han desviado por asumir abiertamente
una parcialidad política. Esto desvirtúa por
completo el objetivo de un instrumento legislativo, que
en una búsqueda democrática debería
abrir la posibilidad de conformar experiencias genuinas
de veeduría y observación ciudadana, para
que este poder mediático tenga algún punto
de control. Dado que la cabeza del Estado es, a fin de cuentas,
un actor político, no resultarían convenientes
mecanismos en los cuales el peso determinante esté
en manos del ejecutivo, ya que de facto se convertiría
en juez y parte.
Los medios operan como límite para los otros poderes,
especialmente el gubernamental. Ese rol de contrapoder termina
siendo un aspecto resaltado como positivo en la mirada que
hizo el PNUD sobre las empresas mediáticas en el
contexto de la crisis que atraviesa la democracia en la
región. El paulatino debilitamiento de la institucionalidad,
junto a la desviación que vivieron partidos políticos
y otros entes de mediación como los sindicatos, terminó
dejando a la ciudadanía huérfana de instancias
en las cuales podía hacer valer sus derechos. Los
medios terminaron siendo cajas de resonancia para esas demandas
ciudadanas insatisfechas. Las denuncias en el espacio mediático
representan un necesario desahogo, pero a la par entrañan
—si no van acompañadas de otros pasos ante
las respectivas instituciones— otra vuelta de tuerca
en el debilitamiento institucional de un país como
Venezuela, pues se quedan exclusivamente en el universo
de la representación simbólica.
Por otra parte, en un estudio que adelantó el Instituto
Prensa y Sociedad en varios países latinoamericanos
sobre el periodismo de investigación, se encontró
una tendencia regional: en los últimos años
la prensa ha jugado un rol de primer orden para poner al
descubierto los casos más importantes relacionados
con corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En ambas dimensiones, cuya responsabilidad recae en funcionarios
del Estado, el poder político justamente colocó
trabas para impedir que trascendiera la información
a los ciudadanos, y los medios haciendo gala de ese papel
de "perro guardián" —que algunos
estudiosos estadounidenses le dan—, resultaron determinantes
para que la sociedad se informara.
Sería difícil imaginar una democracia contemporánea
sin medios de comunicación, pero a la par, el fortalecimiento
democrático en América Latina, visto especialmente
desde el contexto venezolano, pasa por establecer reglas
de juego para que este poder mediático sea ejercido
con una mayor transparencia por parte de empresarios y periodistas,
a la par de abrir cauces para la acción ciudadana.
Para finalizar, retomo unas palabras de Tulio Hernández
que me parecen esclarecedoras de la doble dimensión
mediática en nuestro tiempo. Le cito: "Los medios,
hay que decirlo, son un actor político en la medida
en que intervienen de manera decisiva y abierta en la toma
de decisiones políticas de la sociedad. Pero los
medios tienen una condición muy peculiar, pues además
de ser un actor político, por demás legítimamente,
son los narradores de lo que los demás actores políticos
hacen, realizan o confrontan entre sí" (2002:
56).
Para cumplir a cabalidad con tal misión, en la que
se juegan su credibilidad, y ésta —según
nos recuerda el autor— no es solamente un factor de
mercado sino una función fundamental de soporte de
la de-mocracia, es necesario que el ejercicio de esa función
—ser narrador de las contradicciones entre el resto
de actores— se cumpla con un mínimo de calidad,
transparencia y respeto a los derechos de las audiencias.
Para lograrlo, y para preservar su naturaleza independiente,
los medios en su agenda política deben marcar dis-tancia
tanto de los intereses de los grupos políticos como
los del gobierno. Dicha agenda debe tener como prioridad
la defensa de los principios de la democracia y de los derechos
ciudadanos.
Nota de Redacción:
Este texto fue presentado por el autor originalmente en
el IX Simposio Nacional de Ciencia Política, efectuado
en noviembre de 2005 en la Universidad de Carabobo.
Andres Cañizález. Investigador del Centro
de Investigaciones de la Universidad Católica Andrés
Bello (CIC-UCAB) y director de la revista Comunicación.
Referencias bibliográficas
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Hernández, T. (2002). ¿Quién garantiza
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43122). Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación,
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Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2004). La
democracia en América Latina (pp. 160-168). Buenos
Aires: Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).
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